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¿Por qué no sirve la ley de adquisiciones del gobierno mexicano para contratar servicios de agencias

La respuesta es simple: porque no se pueden especificar los servicios con el grado de detalle técnico que puede hacerse con los bienes. O como decimos normalmente los publicistas, porque no se trata de comprar tornillos.

No he visto nunca unas bases de licitación o concurso por invitación en las que esté clara y correctamente descrito el alcance del servicio y las capacidades de quienes deben brindarlo. Aunque no debe extrañar puesto que la mayor parte de las veces las bases son elaboradas por personas que nunca han estado en una agencia de publicidad y desconocen profundamente el quehacer de los profesionales de esta industria. Esto coloca a los funcionarios muchas veces en posiciones incómodas que los llevan a responder “Apéguese a las bases” a infinidad de preguntas que son planteadas en las juntas de aclaraciones, situación que nos lleva, como buenos sospechosistas que somos los mexicanos, a pensar que seguramente las bases las elaboró otra agencia que ya tiene apalabrado el contrato o que los funcionarios que deben responder no tienen la menor idea de cómo hacerlo.

Otras veces aparecen requisitos que claramente van dirigidos a dejar fuera a agencias con ciertas características que, visto con buenos ojos, puede ser para asegurar la estructura operativa o la capacidad financiera del proveedor, pero lamentablemente otras veces pareciera que se trata de filtros para privilegiar a un proveedor determinado.

Pero sin pensar mal y concediendo el beneficio de la duda para suponer que todo es legal y apegado a los procedimientos, lo que vemos es que la publicidad del gobierno en general resulta entre mediocre y mala de manera habitual. Si no es porque la hacen los amigos de los amigos o los parientes de los privilegiados, podemos encontrar la causa en que en concursos y licitaciones de servicios de publicidad del sector público han resultado ganadoras empresas dedicadas a activaciones y promociones, casas productoras de comerciales, despachos de diseño y hasta impresores. Empresas todas que teniendo los recursos para operar y/o producir la publicidad, incluyen sin costo real la parte más valiosa del trabajo publicitario constituída por el binomio estrategia-creatividad y ganan al ser la opción más barata. En el pecado llevan la penitencia las dependencias del sector público.

Pero por otro lado vale la pena dar un vistazo a lo que este criterio obtuso ha ocasionado en los funcionarios que quieren hacer buena publicidad y que han llegado a la conclusión de que deben darle la vuelta a la ley para lograrlo, pues ha orillado a las instituciones a ir hacia la simulación que puede fácilmente ser considerada corrupción y generar consecuencias legales para los jugadores.

¿Qué es mejor? ¿Lo malo o lo peor?

¿No sería bueno modificar la ley para que pudiéramos vivir dentro de ella y dejar de confirmar una y otra ves que somos un país de corruptos?

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